La libertad de expresión en la era de los algoritmos 

Pasar de la plaza pública a las pantallas democratizó la palabra en Costa Rica, de eso no hay duda. Por décadas, el pulso político y social de nuestra nación se miró en las páginas editoriales de los periódicos, en los debates de radiofrecuencia y en los pasillos universitarios. Aquel viejo modelo de deliberación, con todo y sus fallas, funcionaba bajo filtros editoriales que imponían un mínimo de rigor y respeto a la convivencia civil.  

Pero en este primer cuarto del siglo XXI, el ágora costarricense mutó de forma drástica. Hoy, las discusiones más calientes sobre el rumbo fiscal, la educación, la seguridad ciudadana o la legitimidad de las instituciones ya no se dan en las calles ni necesariamente en los medios convencionales. Ocurren en las pantallas de los teléfonos inteligentes que acompañan, día y noche, a más del 98% de la población del país. 

Esta transición derribó barreras históricas. Redes como Facebook, X (antes Twitter), TikTok, Instagram y los ruidosos chats de WhatsApp le dieron un megáfono a sectores civiles que antes ni se asomaban a la agenda nacional. Cualquier ciudadano, ya sea desde el centro de San José o desde las comunidades más periféricas de la zona norte o del Caribe, puede hoy interpelar directamente a un ministro, cuestionar un fallo judicial o denunciar una presunta corrupción comunal en tiempo real. 

Detrás de esta aparente apertura, sin embargo, se esconde una trampa jurídica y sociológica que urge atender. Al amparo de la libertad de expresión, los entornos digitales se han vuelto el terreno fértil ideal para la desinformación masiva, la polarización extrema, los linchamientos virtuales y el desgaste de la confianza en nuestras instituciones. Resolver este nudo ciego exige un análisis meticuloso y la consecuente gestión de políticas públicas que combatan esa grave lesión a la cultura democrática.