El derecho a la información: cuando el dato se vuelve mercancía

El artículo 1 de la ley marco de Acceso a la Información Pública dice:“La presente ley tiene por objeto que el Estado garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública…”.

Esta ley de Costa Rica nos recuerda que el derecho a la información no es un favor estatal, sino un derecho humano fundamental e indispensable. La ley busca garantizar la transparencia proactiva, la rendición de cuentas y proteger otras garantías vitales como la salud, la educación y la seguridad.

Para que este derecho sea efectivo, existen mecanismos e instancias que son básicas en este proceso. Una de ellas son los medios de comunicación.

Sin embargo, aquí encallamos en una contradicción estructural profunda. Mientras que la ley exige un flujo informativo transparente, oportuno y completo. La gran mayoría de los medios de comunicación masivos operan bajo un modelo comercial privado. Su motor principal responde, lógicamente, a una legítima, pero peligrosa misión lucrativa. Cuando la rentabilidad económica de una empresa informativa pesa más que su función social. El derecho a la información corre el riesgo de mercantilizarse. Los hechos se seleccionan por el impacto de su clic y no por su valor democrático.

Por lo tanto, la defensa de este derecho ya no puede depender únicamente de los canales tradicionales. Requiere de una ciudadanía activa y crítica que vigile la labor de estas instancias.

¿Cómo podemos exigir un periodismo independiente cuando la información responde a intereses económicos privados? ¿Están las instituciones facilitando el acceso real a la información de manera oportuna, o solo cumplen con un trámite formal en sus portales web?¿Qué acciones individuales estamos tomando para fiscalizar al poder público en nuestro día a día?